CRISIS HABITACONAL EN LAS VILLAS: OCUPACIÓN EN VILLA 20
Anoche familias ocuparon los terrenos que se liberaron del cementerio de autos anexo a la Villa 20. Estos terrenos intentaron ser vendidos por el macrismo el año pasado y por la lucha vecinal se impidió.
Los terrenos están destinados por ley a la urbanización del Barrio Villa 20 y a la construcción de viviendas sociales. Durante más de 10 años el Gobierno de la Ciudad no cumplió con las leyes N° 148 y N° 1770 que ordenan la urbanización del Barrio Villa 20. Luego de la ocupación del Parque Indoamericano en el año 2010 tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional acordaron dar soluciones a todas las familias implicadas a través del acuerdo de que un peso que destinara la Ciudad a la solución habitacional el Estado Nacional iba a destinar otro. Este acuerdo no se cumplió y otra vez las promesas estatales de garantizar el derecho a la vivienda se esfumaron en el tiempo y en la indiferencia estatal.
La crisis habitacional en las villas de la Ciudad en esta última década se ha profundizado. La especulación inmobiliaria se ha extendido a las villas sin ningún control o regulación estatal que sólo destina dinero para realizar parches sin avanzar en las políticas estructurales para urbanizarlas. Los altos alquileres presionan a las familias al hacinamiento o su expulsión de los barrios que frente a quedar en la calle buscan soluciones alternativas y predios cercanos para ocupar. Los Gobiernos, por otra parte, constantemente intentan destinar los predios libres destinados a esponjamientos para futuros planes de urbanización a destinos especulativos y privados. El último caso paradigmático fue precisamente el predio ahora ocupado que dentro de la discusión del Plan Maestro para la Comuna 8 el macrismo quiso venderlo sin compensar esas tierras por otras para que la Villa 20 pueda ser urbanizada. En este predio de acuerdo a la ley N° 1770 sancionada en el año 2005 se debería haber construido 1600 viviendas. Esta ley no se aplicó en todos estos años.
Por estos motivos, hacemos responsables a los funcionarios de Ciudad y de Nación de la muerte que se produjo durante la noche y también los hacemos responsables de futuras represiones o de otras muertes que puedan ocurrirse.
La solución no es tratar esta situación como un delito común de usurpación, sino como un conflicto social de grave crisis habitacional y de calidad de vida en las Villas de la Ciudad. La solución es garantizar el derecho a la vivienda y avanzar con la urbanización integral de los barrios cumpliendo con la debida participación de sus habitantes en la decisión de los planes de urbanización.
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