Hace algunas
semanas se formalizó el lanzamiento del Plan Progresar, destinado a jóvenes de
18 a 24 años que deseen finalizar sus
estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios. El plan guarda
grandes similitudes con el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” lanzado
en el año 2008, aunque mejora el monto a cobrar con una prestación de $600. El
anuncio, que según palabras de la Presidenta “más que un programa de gobierno
es un programa de vida” (pese a tratarse de un subsidio de tan sólo seiscientos
pesos), desenmascara la mentira del
relato oficial sobre los indicadores de pobreza.
El primer dato a
tener en cuenta es que, si bien no existen informes del INDEC posteriores al
año 2006 que desagreguen la pobreza por franja etaria, las últimas mediciones
de la misma (que datan del primer semestre del 2013) indican que la pobreza
afecta al 4.7% de la población y la indigencia al 1.4%.
La segunda cifra
a considerar es el monto de gastos
alimentarios y no alimentarios básicos para no caer bajo la línea de pobreza.
Dicho monto, medido por la CTA, para una familia tipo[1]
propietaria de su vivienda es de $5076.8, y en el caso de las familias que
alquilan, la cifra se eleva hasta los $6227 (el INDEC calcula en cambio la
canasta básica total en $1717,9, es decir $57 por día, y no realiza distinción
entre familias propietarias y las que alquilan).
En este sentido
es oportuno recordar, que el requisito para cobrar la prestación además de
presentar certificado de alumno regular, es que el joven beneficiario se
encuentre sin empleo, con empleo informal o formal con ingresos menores que el
salario mínimo, vital y móvil ($3.600), y a su vez, que el grupo familiar se encuentre
en la misma condición
Progresar según
aclarara la Presidenta y de acuerdo a datos relevados por el titular de
la ANSES, tiene 1.555.817 potenciales beneficiarios. Esto representa ni más ni
menos que el 32,8% de los 4.730.786
jóvenes que, según el censo de 2010, tienen entre 18 y 24 años.
Los datos
anteriores nos llevan a concluir que contrariamente a lo que indican las
cifras del INDEC, un poco más del 30% de
los jóvenes de nuestro país, se encuentran en situación de precarización
laboral o pertenecen a familias pobres, porcentaje que claramente dista de las
cifras oficiales.
Si bien
desde el Colectivo por la Igualdad en el Partido Social, celebramos la
implementación de todo tipo de planes que permitan la construcción de una
sociedad más igualitaria, los datos antes enunciados demuestran que desde el
oficialismo hay un ocultamiento de las gravísimas condiciones socioeconómicas
de un gran número de familias en la Argentina, lo cual se
constituye como un gran impedimento para llevar adelante medidas que resuelvan
estructuralmente esta situación.
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