Si
bien el proyecto de ley presentado por el oficialismo para ampliar derechos
políticos a extranjeros residentes en el país y a jóvenes entre los 16
y 18 años ha suscitado algunas críticas de la oposición que sugieren que esta
iniciativa es solamente una estrategia electoral del kirchnerismo para intentar
ampliar el padrón con potenciales electores afines; resulta indispensable que
estos mismos sectores tomen posición al respecto analizando el proyecto desde
una perspectiva de derechos y considerando las implicaciones positivas que toda
ampliación de los mismos trae a la consolidación de regímenes cada vez más
democráticos. El concepto de ciudadanía, en tanto pleno ejercicio de derechos y
deberes, es convergente con el de democracia no siendo posible democracia sin
ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. En este mismo sentido otorgar plenos
derechos políticos a una gama más amplia de ciudadanos es, sin duda, un avance
democrático.
Asimismo, en un actual contexto mundial donde se amplían posturas de Estado claramente discriminatorias en relación a las poblaciones migrantes, los sectores progresistas de la sociedad son los principales llamados a apostar por toda iniciativa que conlleve a ampliar u otorgar nuevos derechos a aquellos ciudadanos que por su condición de extranjeros se ven excluidos de las esferas políticas de decisión y participación.
Asimismo, en un actual contexto mundial donde se amplían posturas de Estado claramente discriminatorias en relación a las poblaciones migrantes, los sectores progresistas de la sociedad son los principales llamados a apostar por toda iniciativa que conlleve a ampliar u otorgar nuevos derechos a aquellos ciudadanos que por su condición de extranjeros se ven excluidos de las esferas políticas de decisión y participación.
Sacar
adelante este proyecto, con todo el articulado propuesto, saldaría una deuda
histórica respecto de la realización de la universalidad de todos los derechos
humanos como es el derecho de todos los ciudadanos, sin distinción alguna, a
gozar de plenos derechos políticos.
En
este marco, sumado a la relevancia política que este proyecto trae para el
fortalecimiento de la democracia, también constituye un avance en términos de
progresividad en tanto, siguiendo la definición de Pedro Nikken, responde a una
tendencia manifiesta en la protección de los derechos humanos hacia la
expansión de su ámbito, tanto en lo que refiere al número y contenido de los
derechos protegidos como a la ampliación y eficacia de procedimientos a través
de los cuales se puede salvaguardar su vigencia, y una ampliación del contenido
carácter de las obligaciones del Estado frente al respeto y protección
derivadas de la legislación internacional de los derechos humanos.
Sobre el goce de plenos derechos políticos para los
extranjeros residentes en Argentina.
Días después de
ser expuesto a la luz pública el proyecto de ley en mención, la UCR y el PJ
federal, entre otros, se sumaron a las voces que rechazan el reconocimiento de
derechos a extranjeros residentes. Posiciones que conllevaron a que el Gobierno
Nacional decidiera abandonar la defensa y tratamiento del proyecto en lo que
respecta al “voto extranjero” y dedicarse exclusivamente a impulsar los
artículos referidos a la habilitación
del derecho al sufragio a partir de los
16 años.
El Colectivo
por la Igualdad se manifiesta a favor de que les sean garantizados los plenos derechos políticos a los/as
inmigrantes residentes en nuestro país. Considerando que las manifestaciones que se han vertido en contra
de garantizar los plenos derechos políticos a los inmigrantes residentes se
encuentran ancladas a un pensamiento xenófobo y son contrarias a los principios
más básicos de la democracia.
Es necesario
diferenciar ciudadanía de nacionalidad. Una persona residente inmigrante tiene
todo el derecho de mantener su nacionalidad de origen y al mismo tiempo
reclamar su reconocimiento como ciudadano/a con plenos derechos políticos en
nuestro país. Sentido en el cual se considera prioritario sea defendido su
derecho a intervenir en la resolución de los asuntos públicos que diariamente y
de manera directa lo afectan, a través de su participación política y
electoral.
Esta posición
ya ha sido anteriormente defendida por el Colectivo por la Igualdad, mediante
la colaboración activa en la redacción del proyecto 620/2012 presentado en la
Legislatura Porteña, el cual tiene por objeto el empadronamiento automático de
los/las inmigrantes residentes en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual facilitará
el acceso y ejercicio de los derechos políticos a los extranjeros/as residentes
consagrados por el artículo 62 de la Constitución de la Ciudad. Así se
garantizaría la igualdad de derechos entre argentinos/as, nacionalizados y
extranjeros/as.
Estimamos
necesario, en el contexto actual del debate, reafirmar nuestro apoyo a que
los/as residentes inmigrantes tengan garantizados plenos derechos políticos tal
como los/as argentinos/as y los/as
nacionalizados/as en tanto son depositarios de las mismas obligaciones. Continuar
marginando de estos derechos a este sector de nuestra sociedad, implica tolerar que se mantenga una
brutal discriminación política y que se impida el efectivo acceso a una gama muy
amplia de derechos civiles y sociales.
No puede considerarse coherente, ni política ni
jurídicamente, que una misma persona sea sujeto pasivo de miles de normas que
regulan y limitan su comportamiento, pero cuya posibilidad de ser sujeto activo
de elegir a quienes dictan tales normas se le encuentra vedada. Una democracia
no puede ni debe ser jamás una democracia a medias.
Los derechos
políticos son inherentes al ser humano y se traducen en la necesidad de
manifestarse y actuar, en la necesidad de incidir en la realidad inmediata y
futura, en la necesidad de ser escuchado, de ser tenido en cuenta. Reconociendo
derechos políticos a todos/as los/las ciudadanos/as, sin distinción alguna, se
está satisfaciendo uno de los más elementales de los derechos humanos.
Luego de la
segunda guerra mundial la Declaración Universal de los Derechos Humanos
constituyó el punto de inflexión a partir del cual los derechos inherentes a la
condición humana dejaron de estar atados a ser nacional de un país. A partir de
ese momento, se reconocieron derechos por participar simplemente de la
condición humana con indiferencia de la nacionalidad y por encima de la
conducta de los Estados Nacionales. En esto consistió la universalización de
los derechos, universalización que no logró alcanzar el ámbito de los derechos
políticos que continuó sosteniendo la discriminación entre nacionales y
extranjeros, aún cuando el art. 21 de la Declaración establece que toda persona
tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio
de sus representantes libremente escogidos.
El
reconocimiento pleno de derechos políticos a las personas no nacionales que
acrediten residencia permanente en el país es el paso necesario para cumplir
con el principio de la soberanía popular y con la universalización de todos los
derechos.
La exigencia de
requerir la nacionalización en forma previa a los extranjeros para que puedan
ejercer su derecho a voto con el fundamento de procurar su integración desatiende
la realidad y profundiza la segregación y discriminación. El reconocimiento y
garantía de este ejercicio colabora con la integración y la pertenencia de los
no nacionales en la sociedad y comunidades.
Ninguno de los
riesgos o posibles fraudes electorales denunciados por determinados partidos
logran conmover la justicia que implica que todos los integrantes de una
comunidad, cuyos tiempos vitales se suceden en convivencia unos con otros,
puedan participar a través del voto en las elecciones regulares.
Esta propuesta
debe ser nuevamente afrontada en el Congreso de la Nación y debatida en
profundidad y no soslayarla como se ha decidido.
Voto voluntario ente los 16 y los 18 años
El mes de
septiembre encontró a la Argentina con dos hechos de suma importancia para
pensar el rol activo de los y las jóvenes en el devenir de la política. Por un
lado se conmemoró, el pasado 16 de mes pasado el aniversario número 36 del
nefasto suceso conocido como “La Noche de los Lápices” y, por otro, cientos de
estudiantes tomaron sus escuelas como protesta en contra de la reforma
curricular que propone el gobierno de Macri en los secundarios de la Ciudad de
Buenos Aires. Hechos estos que ponen en evidencia que la militancia y la actividad
política de los jóvenes han sido parte constitutiva de la historia reciente de
la Argentina.
Gracias a un
proceso de consolidación de las políticas de memoria, la verdad y la
justicia, hoy se sabe que los chicos de
“La Noche de los Lápices” eran cientos los y las jóvenes que integraban la
militancia política y estudiantil de los años de la dictadura y que fueron
víctimas del Terrorismo de Estado.
Durante el
último mes, más de 50 escuelas fueron tomadas en la Ciudad de Buenos Aires. Los
jóvenes de su capacidad para sostener propuestas políticas fundamentadas, con
objetivos claros y desarrollos propositivos. Escuchar en los medios de
comunicación a los voceros de las escuelas deja expuesto el nivel de
politización de los jóvenes y su adscripción a proyectos políticos.
El Colectivo
por la Igualdad también se manifiesta a favor del reconocimiento y ampliación
de los derechos políticos a los jóvenes mayores de 16 años en tanto creemos que
la legitimidad del sistema democrático descansa en la participación de la mayor
cantidad de sectores de la sociedad en proceso de tomas de decisiones, y los
nuevos desafíos consisten en superar la distancia que hay entre ciudadanos y
representantes, propia del sistema representativo liberal y elitista vigente. El
desafío es democratizar la democracia, y la incorporación de los jóvenes en
este proceso, es muy importante ya que enriquece el debate público al
incorporar nuevas voces. La práctica democrática no se reduce al
acto eleccionario, es parte de la cultura en general, que se ejercita y
perfecciona en el día a día, en todos los ámbitos sociales, en el trabajo, en
la escuela, en un club, ámbitos en los cuales los jóvenes tienen un rol muy
importante.
Este proyecto, sin embargo deberá estar acompañado de medidas para
reforzar los planes de estudios buscando enriquecer el aprendizaje cívico y
democrático, pero esto si bien es muy importante, no es excluyente, ya que no
sólo se trata de instrucción en las escuelas, estamos convencidos de que hay
otros tipos de conocimientos prácticos muy importantes para la vida y
participación política, en las organización de base, la sociedad civil y los
movimientos sociales, por mencionar algunos.
Creemos que la cultura
democrática se
enriquece en la praxis, en el debate y la problematización constante, y que los
jóvenes históricamente mostraron una actitud participativa y crítica, y a miles
de ellos les costó incluso la vida. Asimismo, creemos que en la actualidad y
con miras al futuro, es importante que los
jóvenes continúen enriqueciendo el conocimiento democrático
práctico, y despierten el interés y la preocupación por lo público.
El
mejor criterio para definir el límite, necesariamente artificial, de la edad
para el ejercicio del derecho al voto, se establece en virtud del reconocimiento
convencional del discernimiento.
Y claramente desde la óptica de muchas disciplinas y saberes, se reconoce la
plena capacidad de discernimiento en jóvenes de 16 años, dicho criterio está
presente en leyes penales, leyes civiles
y comerciales vigentes.
El apoyo a la propuesta no nos impide señalar que
durante la última década las deficiencias en las políticas públicas destinadas
a la adolescencia han sido deficitarias. Sólo a modo de ejemplo, existen en
nuestro país casi 400 mil adolescentes entre 15 y 17 años no asisten a ningún
establecimiento educativo, según datos del censo nacional 201[1].
En las áreas urbanas del país según datos del Barómetro de la Deuda Social un 4
por ciento de niños y niñas de entre 5 y 13 años y un 22,8 por ciento de
adolescentes de entre 14 y 17 que realiza trabajos no domésticos.[2]
El reconocimiento del derecho al voto, sí bien no
es suficiente, es un paso de enorme relevancia para la incorporación de los
jóvenes a la vida política, y por lo tanto, un hecho positivo para el
desarrollo democrático de la sociedad.
[1]
Cuadro P27. Total del
país. Población de 3 años y más por condición de asistencia escolar, según sexo
y grupo de edad. Año 2010 http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp
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