Cientos de militantes se movilizaron hasta la Casa de La Rioja para ponerle un freno al proyecto minero en Famatina

Más de 500 personas, entre independientes y militantes de organizaciones políticas, sociales y culturales, muchas de ellas agrupadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), se concentraron el pasado jueves frente a la Casa de la provincia de La Rioja en la Ciudad de Buenos Aires, en Callao y Córdoba, para exigir la suspensión del proyecto mega-minero de la compañía transnacional Osisko Mining Corporation, de origen canadiense, que pretende hacer negocios explotando el cerro Famatina, ubicado en la localidad riojana homónima, luego de haber firmado un convenio con el gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera.


La oposición al proyecto minero que amenaza al Famatina, y a la calidad de vida y salud de los pobladores locales, como así también de lugares cercanos, se da en todo el país: no sólo hubo manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en La Rioja, donde el pueblo resiste a pesar de las amenazas de represión, sino que miles ciudadanas y ciudadanas de distintas provincias se movilizaron durante el jueves para frenar a Osisko y al gobierno riojano.


Además, el Colectivo por la Igualdad, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo Voces de Alerta presentaron conjuntamente pedidos de informes a Beder Herrrera; al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, requiriendo explicaciones sobre las condiciones de las actividades mineras en la región de Famatina y por la grave situación que se vive en la provincia.


En las últimas semanas tuvieron lugar hechos muy serios como la existencia de listas con información sensible de asambleístas en manos de directivos de la empresa Osisko; la judicialización de la protesta social al citar la Justicia local, en tiempo record, a declaración indagatoria a ocho integrantes de asambleas; y la presencia de brigadas policiales especiales en los lugares de las manifestaciones locales.


La intimidante presencia de fuerzas de seguridad especiales, la amenaza constante sobre la integridad física de los ciudadanos, sumado a las reiteradas vulneraciones de sus derechos básicos como el de manifestarse y expresarse, y la posición del Gobierno Nacional son algunas de las preguntas de los pedidos de informes presentados por parte de las organizaciones de la sociedad civil mencionadas anteriormente.