Macri quiere menos amparo (Página 12 Sábado 26/11/11)

Cristian Ritondo presentó un proyecto para acotar las medidas cautelares que disponen los jueces del fuero contencioso administrativo. El objetivo es restringir una atribución que suele ponerles límites a las decisiones del Ejecutivo porteño

 Por Werner Pertot

El PRO volvió a presentar un proyecto que apunta a los jueces del fuero contencioso administrativo y, en particular, a restringir los plazos de las medidas cautelares, que tantas rabietas le han causado a Mauricio Macri. El proyecto –que lleva la firma del jefe de bloque macrista y futuro vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo– tuvo un trámite veloz: entró hace dos días, pasó ayer por la Comisión de Justicia y ya tiene preferencia para tratarse el próximo jueves. El dirigente de Colectivo por la Igualdad, Facundo Di Filippo, advirtió que, si logran sancionarlo, se caerían procesos como los de las elecciones en las villas. Con los plazos macristas, tampoco hubiera llegado a la Corte Suprema el caso de la mujer que pedía un subsidio.

Desde 2008, el PRO tiene en la mira a los jueces díscolos. Pese a su discurso a nivel nacional de respeto a los fallos, la gestión PRO fue beligerante con la Justicia (llegó a recusar a Gallardo en varios centenares de causas a la vez) y, a su vez, presentó proyectos de ley para restringir las funciones de los magistrados. En 2009, el legislador Martín Borrelli presentó dos: uno para que el Ejecutivo tuviera la potestad de recusar a un juez sin causa alguna y otra para que, antes de poder pedir un amparo, la persona presente una garantía patrimonial. Ambas fracasaron.

La semana que viene lo intentarán nuevamente con el proyecto de Ritondo que plantea “un límite razonable de vigencia” para las cautelares. En el texto, le impone al juez la obligación de fijar un plazo de vigencia y establece que a su término se revisará la medida. “Será de especial atención la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte que hubiere obtenido la medida”, detalla. “Si dejare transcurrir veinte días sin impulsar el proceso el juez de oficio y sin sustanciación alguna decretará la caducidad de la medida cautelar”, afirma.

En los fundamentos, Ritondo cuestiona “el mal uso de las medidas cautelares” y, con astucia, no se refiere a ninguno de los fallos de Elena Liberatori ni de Andrés Gallardo que produjeron la ira de Macri, sino que se apoya en las cautelares con la ley de medios y en favor del Grupo Clarín. El jefe del bloque PRO recuerda el fallo de la Corte Suprema que planteó que la suspensión del artículo de desinversión debía tener un “plazo razonable”. “Bajo ningún aspecto debe interpretarse el presente proyecto como una forma de restringir el acceso a la Justicia ni la protección cautelar, sino antes bien como un intento de acordar límites precisos para de este modo evitar su mal uso”, se ataja el peronista de Mataderos.

El proyecto de ley fue aprobado ayer en la Comisión de Justicia. “Tuvo un tratamiento exprés e irregular. Fue despachado exclusivamente con los votos del PRO, funcionando en minoría. No tuvieron quórum, esperaron media hora para aprobarlo con un tercio de los presentes y había cinco diputados del PRO”, sostiene Di Filippo. “Vulnera los derechos de los más débiles en la ciudad, por ejemplo, de los manteros, que necesitan seguir trabajando para subsistir. También impediría las cautelares para las elecciones en villas. O bien: si esto hubiera existido, nunca hubiera llegado a la Corte la discusión por la familia que pedía un subsidio por desalojo. De haber tenido plazo, no hubiera llegado nunca, porque tardó nueve años”, señaló el ex legislador. “Lo que más le interesa al Ejecutivo sale con la firma del futuro vicepresidente primero. Es muy preocupante. Cada año, el PRO hace el intento de modificar las cautelares, de distintas formas”, estimó.

Por su parte, Jonatan Baldiviezo, coordinador del área de litigio del Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (Ceapi), planteó que el proyecto ejercería una “fuerte presión” sobre los jueces de primera instancia, dado que la mayoría de los fallos quedan estancados en la Cámara por años. “Actualmente, es el gobierno el que tiene que pedir que se levante y presentar pruebas de que cumplió. Con este proyecto, lo invierten y el peso cae sobre los demandantes”, advirtió Baldiviezo, quien opinó que el plazo de caducidad es “un incentivo al Ejecutivo para no cumplir y esperar que pierda vigencia”.