El Pacto PRO-K negocia la Memoria

El 22 de enero del presente año, casi de manera secreta y a espaldas de la sociedad, los dos oficialismos en otro capítulo del continuado Pacto PRO-K, firmaron un convenio mediante el cual se transfiere por 30 años al Gobierno Nacional la administración y usufructo de diez (10) Sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado que hasta ahora, en su mayoría, habían estado bajo la órbita de un organismo autónomo y autárquico como lo es el Instituto Espacio para la Memoria –IEM-.

Es decir, que como parte del Pacto que vienen consolidando el Macrismo y el Kirchnerismo, ahora se arranca la política de memoria a los organismos de derechos humanos para entregársela, sin consulta, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La política de Memoria que hasta ahora había sido diseñada e implementada por un organismo como el IEM en el que confluyen la sociedad civil y el Estado en un sentido verdaderamente público, ahora pasará a ser exclusividad y depender de cada gobierno de turno que ocupe durante los próximos 30 años la Casa Rosada.

Esta negociación le viene como anillo al dedo tanto al Macrismo como al Kirchnerismo en sus propósitos y visiones de la política de derechos humanos. De un lado, le permite al PRO desprenderse de su responsabilidad presupuestaria sobre los sitios de memoria, tal como ha querido hacerlo desde años atrás; y al Gobierno Nacional, lo habilita para seguir instalando su deseada hegemonía sobre la política de derechos humanos que discursivamente le ha sido tan útil durante toda la “década ganada”, al tiempo que le permite impedir que sectores no kirchneristas del movimiento de derechos humanos continúen incidiendo en la política pública en cuestión.

Además de ello, este convenio se ha firmado sin consulta de los organismos de derechos humanos y personalidades que conforman el IEM. La razón por la cual los dos gobiernos negaron la participación y el debate amplio, se hizo evidente en las últimas semanas cuando se empezaron a hacer públicas las posiciones en contra y los enérgicos rechazos frente al acuerdo. La opinión de los luchadores históricos por la Memoria, la Verdad y la Justicia iba a evitar que se lograra controlar una política y un organismo como el IEM al que hasta ahora no habían podido acceder.

Esas mismas voces que han permitido reconstruir los pormenores de la historia que no queremos se repita, y que han dado testimonios claves contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, no han sido llamadas a participar en la decisión sobre la gestión y administración de aquellos mismos lugares a los que sobrevivieron. Las víctimas y los familiares de las víctimas de los años negros de la última dictadura cívico-militar no fueron llamados a opinar respecto de esta decisión que pone en jaque la independencia de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires.

El acuerdo firmado es claramente lesivo para la independencia  de la política pública de memoria en CABA. El IEM, con el sello de la autonomía y la independencia, había logrado llevar adelante proyectos y acciones a favor de la memoria que no responden a las disposiciones de los gobiernos sino que responden y reivindican los reclamos de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que vienen luchando genuinamente hace décadas en contra de la impunidad y a favor de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Preocupa también que este acuerdo viene de la mano del proyecto del Gobierno Nacional de hacer un museo en el Casino de Oficiales de la ex ESMA que va a propiciar alteraciones en las instalaciones de un espacio de memoria en el que cada rincón y pared continúa siendo prueba en cientos de causas por desaparición forzada, secuestro y tortura aún sin resolver en la justicia. Razones más que suficientes para resistirse y repudiar dicho proyecto, tal como lo vienen haciendo las organizaciones y miembros que actualmente conforman el IEM.

Como se manifiesta desde el propio Instituto Espacio para la Memoria “con esta decisión, la Ciudad queda sin un espacio de gestación de políticas públicas de Memoria (…) y la sociedad pierde la riqueza de un espacio plural subordinando esa tarea a la decisión del gobierno de turno, que como vimos en la Ciudad de Buenos Aires, puede cambiar de signo político e ideológico. La concentración de decisiones sobre la memoria en un ámbito estatal conlleva el riesgo de que éstas cambien con cada cambio de gobierno nacional”.

El criterio de autonomía y autarquía del Instituto Espacio para la Memoria, aseguraba a la sociedad que en lo que respecta al resguardo y transmisión de la memoria, la política pública estaba cuidada de no caer en manos del poder político. Facultado el IEM para definir su política, sus autoridades, su normativa interna y llevar a cabo sus acciones sin injerencia de otros órganos del Estado, Argentina estaba segura de que nunca habrían Marambios, Granados, Bernis o Milanis pudiendo inferir en cómo se nos cuenta la historia del Terrorismo de Estado.

Desde el Colectivo por la Igualdad en el Partido Social de la Ciudad levantamos nuestra bandera en defensa de los derechos humanos y la protección de la autonomía y autarquía de los organismos que diseñan e implementan la política pública de memoria en la Ciudad. Repudiamos el convenio firmado entre los dos oficialismos y denunciamos nuevamente el Pacto PRO-K en el que, como se evidencia,  se negocia hasta con los derechos humanos. 

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